martes, 16 julio , 2024
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    El Gobierno y los sindicatos pactan la regulación del teletrabajo

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    La ministra de Política Territorial y Función
    Pública, Carolina Darias, ha presidido hoy por videoconferencia la Conferencia
    Sectorial de Administración Pública, en la que están representadas todas las
    comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y
    Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

    Posteriormente ha presidido la Mesa General de Negociación de las
    Administraciones Públicas, donde están representadas las mismas
    administraciones territoriales junto a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA.
    En ambas reuniones, han asistido junto a la ministra el secretario de Estado de
    Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, la
    subsecretaria, Dionisia Manteca, la secretaria general de Coordinación Territorial,
    Miryam Álvarez, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la
    directora general de Función Pública, Isabel Borrel. En representación de las
    administraciones territoriales han asistido por videoconferencia los consejeros,
    consejeras y otros responsables de Función Pública autonómicos y de las ciudades
    de Ceuta y Melilla así como representantes de la FEMP.

    Compromiso de la Conferencia Sectorial y Acuerdo de Mesa General
    En la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública del pasado 11
    de junio se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
    Básico del Empleado Público (TREBEP) con el objetivo de adaptarlo a las
    necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio
    sobre la temporalidad en el empleo público. Para ello, se dio un mandato a la
    Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que también están
    representadas las tres administraciones, para que elaborase una propuesta.

    La Comisión de Coordinación se ha reunido de forma virtual en tres ocasiones (18
    junio, 9 julio y 9 de septiembre). En la última reunión, 9 de septiembre, acordó un
    texto de consenso con todas las CCAA sobre un nuevo artículo 47 bis del TREBEP.
    El 10 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo de la Mesa General de
    Negociación de las Administraciones Públicas, formado por Administración y
    sindicatos, para abrir la negociación hasta llegar al acuerdo que finalmente la
    ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito con
    los representantes sindicales en la Función Pública: Francisco José García,
    (CC.OO), Carlos Álvarez (UGT) y Miguel Borra (CSIF).

    Gracias a este acuerdo, que supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo
    en el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal de todas las
    administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar
    seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá
    carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales.

    Regulación del teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleado Público
    La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas se incorporará en un
    nuevo artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
    Empleado Público (TREBEP), con las siguientes características:

    – Se regula con carácter básico la prestación del servicio a distancia mediante
    teletrabajo, como una modalidad organizativa, fomentando así el uso de las
    nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración
    digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados
    públicos como para la administración y la sociedad en general.

    – Además, el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la
    jornada y el horario que corresponda en cada caso y de la normativa en
    materia de protección de datos de carácter personal.

    – Requisito previo será la valoración del carácter susceptible de poder
    realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación
    en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

    – La prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo
    no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta. Será en cada
    ámbito y en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada
    administración competente donde se determine la prestación de servicios
    que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal manera que se
    combine el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se
    establezca, y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía
    – Se define en primer lugar el teletrabajo como aquella modalidad de
    prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del
    puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del
    servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la administración,
    mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

    – Se establece expresamente que, en todo caso, el teletrabajo deberá
    contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación
    de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Al tratarse de la regulación
    de una modalidad de trabajo y flexibilización de la organización de carácter
    estructural para las administraciones públicas, ha de servir para la mejor
    consecución de los objetivos en su servicio a los intereses generales.

    – Se rechazará la conceptualización del teletrabajo como derecho subjetivo,
    puesto que sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir
    supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos,
    asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio.

    – Se establece igualmente que la prestación del servicio a través de esta
    modalidad de trabajo habrá de ser expresamente autorizada, a través de
    criterios objetivos para el acceso, y compatible con la modalidad presencial
    que, como se ha dicho, seguirá siendo la modalidad ordinaria de trabajo.

    – El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los
    mismos deberes y derechos que el resto de empleadas y empleados
    públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios
    tecnológicos necesarios para la actividad.

    – El desempeño concreto de la actividad por teletrabajo se realizará en los
    términos de las normas de cada administración pública, siendo objeto de
    negociación colectiva en cada ámbito.

    – Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital, así como la
    atención presencial a la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos
    del personal, y se presta una especial atención a los deberes en materia de
    confidencialidad y protección de datos.

    – Las administraciones públicas que lo requieran dispondrán de un periodo
    de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito
    competencial.

    Las principales ventajas que aporta esta nueva regulación, tanto para la sociedad
    como para las administraciones públicas son, según el acuerdo firmado, el fomento
    de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Administración digital, la reducción
    en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental, en línea con los ODS 2030, o la
    mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar,
    respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y
    hombres y corresponsabilidad.

    La regulación del teletrabajo era un compromiso de legislatura, cuya ejecución se
    ha tenido que adelantar por la situación originada por la pandemia del Covid-19

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