La Comunidad Autónoma de Canarias tiene bajo tutela a un total de 2.652 menores, de los cuales, no se ha realizado la prueba de edad a un total de 2.016. La Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno regional estima que, aproximadamente, unos 600 jóvenes de los que se encuentran en centros de menores son mayores de edad, por superar la edad de 18 años, debido a la lentitud en la realización de las pruebas.
El protocolo establece que, al llegar a las costas canarias, se debe realizar dos pruebas óseas, una de muñeca y otra de mandíbula, con la que determinar la edad real, realizada por un forense del Instituto de Medicina Legal y cuyo informe se remite al fiscal de Extranjería de cada provincia.
La pandemia ha ralentizado las pruebas que ya de por sí, era lento, sin embargo la realización de radiografías se ha visto colapsada tras los meses de confinamiento donde se paralizó por completo, a lo que se suma el incremento exponencial de la llegada de inmigrantes.
Otras autonomías como Cataluña y Castilla León han prestado solidaridad a Canarias, ofreciendo vacantes para trasladar a dichos menores, sin embargo, no es suficiente ya que permite únicamente la derivación de entre 100 y 150 menores no acompañados.
Para poder realizar este trámite, se ha tendido que buscar una fórmula jurídica que permitiera la derivación de los menores a otros territorios, ya que se trata de una competencia autonómica, y finalmente se ha resuelto a través de una cesión de tutela.
Por su parte, el Defensor del Pueblo ha incidido en la «dudosa fiabilidad» de las pruebas óseas y recalca que las autoridades deben tener en cuenta que cuando un menor carece de documentación dónde se refleje su edad, no siempre se trata de una estrategia para evitar la legislación de extranjería, sino que, según datos de UNICEF, en algunos países en vías de desarrollo, solamente quedan registrados los nacimientos de los menores de 5 años y más del 64% de los nacimientos que tienen lugar en el África subsahariana no se registran.