El Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, respondió ayer en una reunión mantenida en el Cabildo de Fuerteventura con el Presidente del Cabildo Insular y los trabajadores del Oliva Beach, el compromiso que había adquirido con la plataforma ‘Salvar el Oliva Beach’ y también con el Comité de Empresa que «íbamos a tener una tener una reunión con la Ministra de Transición Ecológica y dos días después me acercaría a Fuerteventura para dar cuenta del resultado de la reunión, y en la que arrancamos del Gobierno de España el compromiso de que se va a evacuar el informe de la Abogacía del Estado en dos, tres, o cuatro semanas máximo para que tengamos claro las actuaciones que se van a realizar en el Hotel. La voluntad es mantener todos los puestos de trabajo respetando el marco jurídico«. Además, añadió que piden la máxima celeridad posible, «ya que estamos viviendo una situación compleja en Canarias con la quiebra de turoperadores, y que debemos conservar una isla que puede ser muy dañada como es el caso de Fuerteventura».
Blas Acosta adelantó que el próximo miércoles ha previsto una reunión con la empresa, los trabajadores afectados y los técnicos jurídicos del Cabildo de Fuerteventura, «la ministra ha dado órdenes para que se ofrezca una solución a este expediente en un mes. Por su parte, Rafael Giráldez, ha agradecido la transparencia de la reunión y diferencia entre la concesión y el proyecto, «queríamos que los técnicos de la empresa, del Cabildo y los trabajadores del Oliva Beach para abordar la situación. Esto es algo que no se había hecho antes para tener claro las actuaciones que se tengan que realizar», manifestó.
Acosta ha defendido la legalidad del Hotel Oliva Beach, «no se encuentra dentro de ningún espacio natural, yo como consejero de Ordenación informé favorablemente a ese proyecto que está reglado y con el visto bueno de la Jefatura de Ordenación del Territorio». Además, cuenta con tres informes de Turismo que autorizan la recalificación turística y el aumento de categoría, «No ocupará más suelo porque hacerlo sería ilegal», explicó Acosta.
Dificultades en los apartamentos
Se da la circunstancia de que hay 20 propietarios individuales que no se acogieron, en su día, al reglamento de Costas «y lo que se está perfilando son las escrituras de la propiedad para saber dónde se ha pedido la concesión», matizó Acosta. Una cuestión que compete a la Abogacía del Estado que en su día informó favorablemente de una concesión administrativa en 2003, 2007 y en 2016 con la Ley de Costas, «desde el año 1988 hasta el año 2013 no hubo un reglamento claro en materia de concesiones administrativas».
La presencia de grupos ecologistas y propietarios minoritarios han ralentizado la resolución del expediente, «pedimos a Costas una respuesta con agilidad porque hay 400 personas que viven con incertidumbre, hay que resolver este asunto y comunicar a ambas partes. Los tres Abogados del Estado están trabajando en el Informe del Oliva Beach».
Giráldez expresó el malestar y la incertidumbre que viven los trabajadores, «no sabemos cuánto tiempo querrá soportar esta situación la empresa», de ahí la importancia de celebrar una reunión informativa con todas las partes, «queremos la licencia de rehabilitación, que la concesión administrativa vaya por la vía que proceda y que la empresa no parapete a los trabajadores como excusa para cometer ilegalidades», sentenció el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
El Presidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, aclaró que «como veníamos diciendo desde hace meses, el Gobierno Insular iba a trabajar para mantener esta empresa y estos puestos de trabajo, pero vuelvo a reiterar que doce meses de espera por el expediente completo no puede tardar en una Administración. Sabemos que está todo centralizado en Costas en Madrid, pero como apuntaba también en alguna otra ocasión el Presidente del Gobierno de Canarias, se puede ver la posibilidad de modificar el Estatuto de Canarias para que estas cuestiones sean transferidas a Canarias y creo firmemente en que esta Comunidad debe tener un Consejero de Costas, que nos ha diferenciado de otros destinos turísticos. Se trata de un expediente complejo pero vamos a trabajar en ello, poder avanzar con una conclusión firme y un propósito claro, que no es otro que el defender el derecho a poder rehabilitar ese establecimiento y conservar los puestos de trabajo. No vamos a perder ni un solo puesto de trabajo pero tampoco vamos a estar pendiente de la demora o la dilación en la evaluación de expedientes por parte del Ministerio».