Contaban los colectivos sanitarios el pasado sábado en la convocatoria de prensa para difundir la manifestación en demanda de una sanidad pública y digna, que se celebrará el sábado 30 de noviembre en Puerto del Rosario, que algunos de los pacientes atendieron con lágrimas en los ojos el desamparo de las listas de espera, las citas médicas aplazadas o la carencia de especialistas. Una de ellas fue la José Ramón Morales, quien narró el día en que se presentó en el Hospital de Fuerteventura con un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón: no había un especialista para atenderle y gracias a su persistencia fue operado un mes después.  Y como las consultas con el especialista van como van, a muchos meses vista, al final se ve obligado a desplazarse para contar con un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

A los representantes políticos actuales se les presuponen la buena voluntad y los conocimientos necesarios para saber cómo atajar el problema, al igual que a los anteriores. El problema de Fuerteventura, en la opinión de José Ramón, es que  esa voluntad de palabras no se traduce en hechos, no se convierte en los recursos económicos suficientes de los que poder echar mano y no hay cambios en las fórmulas de contratación de los médicos que mejoren la calidad de vida de los enfermos majoreros.

Los convocantes de la manifestación opinan que el sistema sanitario canario, y, en concreto, el majorero lleva años demandando a voces una mejora de su financiación a través de un gran pacto que comienza «con el papel que hacen nuestros ocho diputados en el Parlamento». La realidad es que el Pacto debería ser a nivel estatal entre el Gobierno de España, que es el que pone el dinero y define la cartera de servicios que se prestan en todo el país, y los de las autonomías, los responsables finales de que el sistema público de salud funcione. ¿Desde cuándo no hay acuerdo? Desde 2009. Y la situación desde entonces, es obvio, ha evolucionado muchísimo. En el caso majorero, a peor.

La participación de la comunidad autónoma en los ingresos del Estado está por debajo de la media per cápita de tal forma que los servicios que recibimos son sensiblemente inferiores a las necesidades reales de nuestra población. Por ello, «no obedecemos a ninguna sigla ni consideramos que antes iba mejor que ahora, la Sanidad en Fuerteventura lleva siendo mal gestionada desde hace 30 años»