La Secretaria General de Unidas Podemos en Ibiza, Viviana de Sans, ha formado parte del Congreso de Nuevas Tecnologías y Turismo del Cabildo Insular. Como punto fuerte, sin duda, los avances en protección del territorio y el paisaje con la modificación del PTI, y las políticas de movilidad. «En la protección del paisaje y en la transformación del modelo de movilidad hacia otro limpio y sostenible, es en lo que nos jugamos nuestro futuro».

El problema de la vivienda es el más grave que sufre Ibiza actualmente, «muchas personas deben abandonar la isla porque no pueden pagarse un lugar digno en el que vivir, y ante esto debemos actuar y ser resolutivos. Hay incluso familias que a pesar de que trabajan se han quedado sin techo a causa de la precariedad de los salarios y el aumento del precio del alquiler».

La reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico balear el pasado mes de agosto ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que autorizarlo. Finalmente, el equipo de gobierno decidio considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio «para proteger al residente» en palabras del  Viviana de Sans.

El mar como espacio para el turismo

El difícil equilibrio entre el uso sostenible de los espacios marítimos
y el desarrollo económico en su entorno fue, en buena parte, el objeto
de debate de otra de las mesas del Congreso: “Economía Azul, líneas
Europeas Blue Grow”. Este encuentro estuvo moderado por el profesor de
Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), Ángel Lobo.
Contó, además, con la presencia del CEO de la empresa majorera Oceomic,
Iván Alonso; el investigador del Proyecto Inturmar de la ULL, David
Domínguez, y con un representante de la Asociación de Puertos Deportivos
de Canarias, Tomás Azcárate.

El encuentro, que arrancó a las 10:00 horas, comenzó con un acercamiento
hacia el concepto Blue Economy (Economía Azul), que no es más que el
reconocimiento de los mares y océanos como “importantes motores
económicos”, explicó Lobo. Según los últimos datos, solo en la Unión
Europea esa economía generada en los mares supone más de 500 billones de
euros, una suma producto de actividades que implican a sectores más
tradicionales como la pesca y a otros ámbitos más complejos como el
turismo. En este sentido, Lobo incidió en la necesidad de afrontar “una
ordenación de los usos marítimos” tal y como determinan las actuales
normas europeas.

Por su parte, el antropólogo e investigador David Domínguez dio cuenta
de algunos de los detalles del Proyecto Inturmar, cuyo objetivo es
precisamente “establecer propuestas para el desarrollo del producto
integral del turismo marítimo” desde el punto de vista de la
sostenibilidad.

La meta de los agentes implicados en este sector en el archipiélago,
avanzó, debe ser “conseguir productos sugerentes con una forma de
gestión adecuada y sostenible”. El proyecto se centra en Tenerife,
Fuerteventura y El Hierro. Sobre la realidad majorera, apuntó que
existen 117 empresas en la isla dedicadas al turismo marítimo que
emplean, a su vez, a 575 personas. También alertó de lo que denominó la
“burbuja del surf” en el norte de la isla, donde proliferan multitud de
empresas regulares e irregulares en un territorio limitado.

Iván Alonso, director de Oceamic, alertó de la necesidad de obtener más
datos sobre un territorio, la costa, que en Canarias se extiende a lo
largo de más de 1.500 kilómetros. “Hay muy pocos sistemas de observación
y medición oceánica”, aseguró. Con una actividad basada en el desarrollo
tecnológico en este campo, insistió en que cada vez son más los turistas
que piden información sobre los fenómenos naturales que ocurren en
Canarias, por ejemplo.

Finalmente, y en nombre de la Asociación de Puertos Deportivos de
Canarias, Tomás Azcárate convino en la necesidad de que las empresas se
adapten a los requerimientos medioambientales. No obstante, continuó “el
coste de transición que nuestros negocios tienen que asumir no es
fácil”. “La sostenibilidad tiene tres dimensiones: ambiental, social y
económica. Hay que regular, estamos de acuerdo, pero con flexibilidad y
contando con los interlocutores de un ámbito que hasta ahora ha sufrido
una completa dejación de funciones por parte de las administraciones”,
concluyó.