El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está impulsando cambios normativos a marchas forzadas ante el brutal atasco de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De las más de 900.000 solicitudes presentadas desde que el pasado 15 de junio se abrió el plazo, la Administración sólo ha podido tramitar algo más de 340.000, y darle el sí a unos 86.000 expedientes, siempre según datos oficiales ofrecidos por el departamento de José Luis Escrivá.

El ministro estaba comprometido con el primer apellido de su departamento, «Inclusión», pero sabía de las limitaciones del segundo, la «Seguridad Social», así que la llegada de la Covid lo puso entre la espada y la pared: o hacerlo bien o anunciar que se había hecho con urgencia.

El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, recoge en su artículo 25 que «el Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo». Pero sobre todo, que «transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo«.

Y es que el atasco en la Administración afecta a esos niveles. «Casi un millón de expedientes es una barbaridad», explica Escrivá. «Y haber tramitado más de un tercio en sólo tres meses, también lo es», se defiende. Lo cierto es que para sacar adelante tantísimo trabajo, su departamento firmó un contrato con TRAGSA para liberar a los funcionarios del trabajo que conlleva el tratamiento inicial (captura de la solicitud, comprobación y reclamación de documentación) de todas las solicitudes, y que puedan tratar los 500 operadores de esa empresa pública. 

Por otro lado, el Ministerio también confirma que «ya está en marcha el procedimiento» para la contratación de trabajadores interinos. Son «soluciones transitorias ante un aumento de la carga de trabajo». Una presión que no sólo es achacable al IMV, según fuentes oficiales, sino a «un periodo en que las plantillas se han visto muy mermadas por la jubilación del personal y una fuerte reducción de la tasa de reemplazo».