El Gobierno de Canarias ha adjudicado por 53.306 euros el contrato para la finalización de los trabajos de análisis, evaluación y control del programa de vigilancia ambiental del fondo y del agua de la dársena comercial del puerto de Gran Tarajal. Se trata del quinto informe y el definitivo que debe certificar la ausencia de cualquier indicio de contaminación en estas aguas tras el incidente ocurrido en el puerto con el hundimiento de varias barcazas a causa de un temporal a finales de febrero de 2018.

La UTE formada por las empresas Acosta Ingeniería Subacuática, y Tecnoambiente, tendrá como objetivo la realización de un programa de trabajo, en coordinación con los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que prevea las actuaciones necesarias para el análisis, evaluación y control de los fondos y las aguas de la dársena comercial del puerto majorero.

Desde el Ejecutivo canario han precisado que dicho programa debe comprender una serie de muestras, procesos, métodos, periodicidad, sistema de control, entre otros aspectos, a efectos de velar por la calidad de las aguas marinas, sedimentos, fondo marino y biocenosis del entorno.

Todas estas muestras y análisis deben reflejarse en la redacción de un informe final con las conclusiones del estudio que confirmen la limpieza de las aguas del puerto de Gran Tarajal y la divulgación pública de los resultados.

La preocupación por el buen estado medioambiental de las aguas del litoral de Gran Tarajal surge a raíz del incidente con las barcazas a finales de febrero de 2018. En esos días, y como consecuencia de varias borrascas que incidieron de pleno en la dársena exterior y la línea de atraque del muelle comercial del muelle sureño, naufragaron ocho barcazas y remolcadores que se encontraban atracados allí.

Esta catástrofe medioambiental provoco la ira de los vecinos de Gran Tarajal que contemplaban atónitos una imagen dantesca en la bahía del puerto, uno de los símbolos de este pueblo majorero. Se llegaron a realizar varias concentraciones y jornadas de protesta.

Uno de los riesgos del hundimiento de la flota y del proceso de rescate realizado durante nueve meses fue la posible contaminación por hidrocarburos y metales pesados. El Plan de Vigilancia Ambiental contemplaba la realización de cinco campañas, con toma de muestras para su posterior análisis y valoración.