«Ante el escenario de incertidumbre, queremos proteger a los menores», ha afirmado  la consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana

La consejera ha destacado que ha pedido una actitud responsable a la ciudadanía y a quienes ostentan cargos públicos y ha confiado en que se normalice de nuevo la situación en la calle.

«Canarias siempre ha sido un pueblo de acogida», ha recalcado Santana, quien ha valorado la reacción de «gran parte de la población» isleña frente «a los discursos del odio y de los que quieren agredir a los migrantes por el simple hecho de serlo».

La consejera ha informado de que el próximo viernes se abordará el traslado de menores a otras comunidades autónomas en una reunión interterritorial que ha convocado el Ministerio de Derechos Sociales y que desde Euskadi y Cataluña están dispuestos a cooperar en la derivación.

Ha dicho que en la reunión se conocerá la disposición de las comunidades autónomas a alojar a estos menores y posiblemente el número que podrían tutelar y ha comentado que el Gobierno central las apoyará económicamente como ya ha hecho con Canarias, que ha recibido 10 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales.

Además, en los Presupuestos Generales del Estado se han habilitado partidas para este fin y «no se cierra a habilitar otras», ha añadido Santana.

El Ministerio de Derechos Sociales es «muy consciente» de la necesidad de destinar fondos a las comunidades autónomas, «porque en solitario difícilmente se puede asumir un incremento de un 300 %» en la tutela de menores inmigrantes como ha ocurrido en Canarias.

En cuanto al Plan Canario de Inmigración, Santana ha confiado en que en un plazo de dos meses puedan disponer de un borrador, así como que en la reunión de este jueves se logre sentar las bases de este nuevo programa para facilitar la integración de los migrantes que llegan a las islas legalmente como a los que lo hacen de forma irregular.

Santana ha hecho hincapié en que los inmigrantes suponen un «sector clave» desde el punto de vista económico y social para el desarrollo del archipiélago.