El esfuerzo conjunto entre el Cabildo de Fuerteventura y otras administraciones locales, así como sindicatos y trabajadores y trabajadoras de la cadena hotelera RIU, ha logrado que se archive la revisión de oficio de la concesión administrativa impuesta al Oliva Beach por el Ministerio de Transición Ecológica. Así lo comunicó el presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, a la responsable de los servicios jurídicos de RIU, Águeda Borges, que fue recibida en la mañana de hoy, martes, día 5 de octubre, junto al vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez y el consejero de Aguas, David de Vera.

La Corporación insular insta al ejecutivo regional que respete el Estatuto de Autonomía y asuma sus competencias en materia de costas

El presidente insular calificó este avance como todo un éxito del trabajo coordinado entre las administraciones, sindicatos y trabajadores. Según Lloret, una vez logrado el archivo de la revisión de la concesión, el Cabildo debe exigir al Gobierno de Canarias que asuma de una vez la competencia en materia de costas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, para dar viabilidad administrativa a la reforma del hotel, dentro del marco vigente.

Lloret resalta asimismo que “nos encontramos en un momento crítico para Fuerteventura, una de las islas más castigadas por la crisis actual y debemos reactivar la economía, proteger el turismo y garantizar el empleo de todas estas familias”. Por ello, la Corporación insular trasladó la total disponibilidad para cooperar en todos los trámites administrativos en los que podamos servir de ayuda y dar respuesta así a todos los expedientes necesarios que dependen del Cabildo.

El Cabildo quiere impulsar del mismo modo el desbloqueo de la situación del Hotel Tres Islas. Para el presidente insular, “el próximo paso es personarnos en el procedimiento jurídico y el expediente que el Estado quiere iniciar para declarar también la caducidad de la concesión”.

El vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, y el consejero de Aguas David de Vera, coinciden en la necesidad de exigir al Gobierno del Estado que cese en este proceso, ya que no entra dentro de sus competencias, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Asimismo, afirman que el Gobierno de Canarias tiene que hacer respetar este estatuto y defender los intereses de Fuerteventura, exigiendo al Ministerio que cese en su acción.

Por su parte, la responsable de los servicios jurídicos de la cadena hotelera, Águeda Borges, destacó que la situación que atraviesan los hoteles ahora mismo, no es la misma que hace una década. “Las concesiones deben ser respetadas y contamos con el amparo de la Ley de Costas y el Estatuto de Autonomía y no vamos a aguantar más este abuso que ha durado ya más de veinte años”, explicó.